Miles de obras de arte fueron separadas de sus dueños durante la Guerra Civil y la dictadura. Con el paso del tiempo, y del régimen, jamás regresaron. Acabaron en ministerios, museos, domicilios privados, universidades o a saber dónde. Se les perdió la pista, junto con la esperanza de recuperarlas. Hasta que la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, prometió llevarlas de vuelta a casa. Para eso, amplió la condición de víctima del franquismo a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes . ”; reconoció “el derecho al resarcimiento”; garantizó que el Estado “promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones”, incluidos una auditoría y un inventario; y se comprometió a implementar “las posibles vías de reconocimiento a los afectados”. El texto fijaba, como límite, un año. El Gobierno tenía prisa por entregar al fin respuestas, justicia y, con suerte, obras. Sin embargo, el plazo venció en octubre de 2023. Ha dado tiempo incluso a llegar al año en que se cumplen 90 del estallido de la guerra. Las víctimas, mientras, siguen esperando.. Seguir leyendo
El plazo que prometía la Ley de Memoria Democrática para su normativa de desarrollo, un protocolo para restituir bienes incautados y su inventario en toda la Administración, lleva vencido desde octubre de 2023 sin que se conozcan más auditorías que la de Cultura
Miles de obras de arte fueron separadas de sus dueños durante la Guerra Civil y la dictadura. Con el paso del tiempo, y del régimen, jamás regresaron. Acabaron en ministerios, museos, domicilios privados, universidades o a saber dónde. Se les perdió la pista, junto con la esperanza de recuperarlas. Hasta que la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, prometió llevarlas de vuelta a casa. Para eso, amplió la condición de víctima del franquismo a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes . ”; reconoció “el derecho al resarcimiento”; garantizó que el Estado “promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones”, incluidos una auditoría y un inventario; y se comprometió a implementar “las posibles vías de reconocimiento a los afectados”. El texto fijaba, como límite, un año. El Gobierno tenía prisa por entregar al fin respuestas, justicia y, con suerte, obras. Sin embargo, el plazo venció en octubre de 2023. Ha dado tiempo incluso a llegar al año en que se cumplen 90 del estallido de la guerra. Las víctimas, mientras, siguen esperando.. “Indudablemente, la ley no se ha cumplido”, asevera el catedrático Arturo Colorado, uno de los principales expertos en este ámbito, autor en 2023 de un informe encargado por el Museo del Prado para investigar su colección. “Se ha aprobado una normativa con intenciones muy loables, pero no ha ido seguida de los instrumentos necesarios”, agrega Laura Sánchez Gaona, abogada que ha logrado en los últimos meses varias restituciones de piezas a los herederos de Pedro Rico, alcalde republicano exiliado de Madrid. Sin embargo, atribuye las recuperaciones sobre todo a la voluntad política del Cabildo de Gran Canaria, primero, y del Ministerio de Cultura, después. Porque “la normativa de desarrollo” que la Ley de Memoria Democrática prometía sigue sin existir, así como un protocolo legal único y claro para la restitución de obras, o un inventario completo que ponga la lupa sobre la procedencia de los bienes de toda la Administración.. “Pese a que dependería del Gobierno agilizar, clarificar y establecer cauces concretos, de momento hace falta aprovechar normas anteriores, como un Real Decreto de 2008 sobre documentos incautados, para conseguir alguna restitución”, aclara Sánchez Gaona. “Ha habido una investigación parcial de Cultura. En el resto de ministerios no se conoce ninguna actividad en este sentido”, completa Colorado.. De izquierda a derecha, Alicia Bolaños, jefa del Servicio de Museos, Guacimara Medina, consejera de Cultura, Francisca Rico Gómez, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y Pedro Rico Gómez, en la firma de la restitución de cinco obras a los herederos de Pedro Rico, el 28 de noviembre de 2024 en Las Palmas de Gran Canaria. Ángel Medina G.. El departamento que dirige Ernest Urtasun presentó en mayo de 2024 los resultados de su búsqueda en los 16 museos de titularidad estatal: halló 5.126 piezas (cuadros, joyas, cerámicas, esculturas) procedentes principalmente de incautaciones realizadas por la República durante la Guerra Civil para proteger los bienes artísticos, que la dictadura nunca devolvió tras el conflicto. Desde entonces, el total ha crecido hasta más de 7.000 bienes. Y Cultura también ha impulsado la restitución de un retrato de Francisco Giner de los Ríos a su fundación, así como de varias obras al pueblo de Brihuega, en Guadalajara, la semana pasada. Falta poco, según confirman fuentes implicadas, para que dos localidades de la misma provincia, Yebes y Pareja, recuperen sendas piezas, depositadas hasta ahora en el Prado. Pero, ¿y el resto de la Administración?. EL PAÍS ha enviado peticiones a lo largo del último año y medio a los 22 ministerios, a través del Portal de Transparencia, para saber si guardan obras procedentes de incautaciones en la guerra y sucesivos expolios del franquismo. Defensa reveló así que exponía en sus instalaciones al menos 11 cuadros con ese origen. Industria y Turismo respondió: “Además de dos obras de la familia De la Sota que, consideradas incautadas y tras realizarse las comprobaciones oportunas, fueron devueltas a la misma, Turespaña está analizando las peticiones de casos concretos de devolución recibidas. Además, en reunión con Cultura, fuimos informados de la existencia de documentación sobre una serie de cuadros que pudieran tener origen en incautaciones. Continúan, por tanto, las labores de investigación, pero dado el número y dispersión de las obras, así como la falta de personal especializado en Turespaña, están siendo largas”. Transporte explicó que “en la mayoría de los casos no se tiene constancia documental de la procedencia de dichos bienes”. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes amplió un mes el plazo para responder, hasta el pasado 5 de enero, aunque finalmente no lo hizo.. El alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo Esteban (izquierda), al lado del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ante una de las obras devueltas al pueblo el pasado 12 de febrero. Ministerio de Cultura. El resto de los ministerios afirma en sus respuestas no tener constancia de obras con este origen entre sus posesiones. Ninguno menciona, sin embargo, que haya realizado un inventario o auditoría específico en los últimos años, como establecía la Ley de Memoria Democrática. Tras preguntar por ello a todos los gabinetes de prensa el pasado lunes, solo tres comparten más información. “La respuesta se basa en un inventario ya existente, que permite conocer de manera fehaciente la procedencia de los bienes culturales que alberga el ministerio”, avisan desde Interior. Algo parecido apuntan en Educación: “Se basaba en una revisión de los catálogos disponibles, realizada de manera interna”. “No nos consta la adquisición o tenencia de obras de arte de fecha anterior a la creación del Instituto de las Mujeres (1983) y del ministerio (2008)”, comunican desde Igualdad.. Arturo Colorado asegura contar con pruebas documentales de más de 400 obras incautadas que los ministerios de Hacienda, Justicia, Interior, Defensa, Agricultura, Asuntos Exteriores y Educación recibieron en su momento. Cuenta que tiene incluso localizadas unas cuantas piezas, también gracias a las pesquisas que realizó hace años en Hacienda y Justicia. Él mismo matiza que tal vez algunas sigan allí y otras no, pero, al menos, pide que se busquen de verdad. Y que desaparezcan la opacidad y resistencia que se ha encontrado a veces incluso por parte de los poderes públicos.. “Si haces una ley diciendo que vas a abordarlo en un año, afróntalo. Hablamos de una auténtica diáspora, el mayor saqueo artístico de la historia de España. Sin tener toda la información es imposible reconstruirlo. Solo puede resolverse si la Administración asume su dimensión global y realiza una investigación completa con un equipo ad hoc. Tampoco sería tan cara, en un año y medio podría localizarse buena parte de las obras. Si por lo menos cada ministerio asumiera su propio ámbito, ya sería un paso fundamental”, reflexiona Colorado. Y Sánchez Gaona insta al Gobierno a que vaya informando públicamente de avances y piezas encontradas, a través de una plataforma online como el catálogo que lanzó Cultura.. Catálogo elaborado por el Ministerio de Cultura de los bienes incautados durante la Guerra Civil y posguerra española encontrados en los 16 museos de titularidad estatal. Ministerio de Cultura. “La ley era un brindis al sol, no eran conscientes cuando pusieron esas fechas”, asevera Santos M. Mateos, profesor de la Universidad Central de Cataluña, autor del estudio Que se entreguen a su legítimo propietario. Restitución de obras de arte depositadas por el SDPAN en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. El experto, que ha investigado junto con Colorado, destaca la complejidad “muy importante” de las pesquisas, que según él explica al menos en parte retrasos del Gobierno. Cita piezas que él mismo pudo rastrear hasta el pueblo de Daroca (Zaragoza) o el Palacio de la Almudaina, en Mallorca, pero no logró encontrar, porque probablemente se hubieran marchado a otro lugar. “Soy reacio a dar números, pero seguro que estamos hablando de miles. Lo que sí está claro es que cuando acaba la guerra hay un movimiento bestial de obras. No somos conscientes de su magnitud. Afecta a prácticamente todo lo que había en iglesias, edificios públicos o museos”, añade Mateos.. Una marea de arte. Y, por ahora, apenas un goteo de casos resueltos. Mientras, se pierde un tiempo que los reclamantes no tienen: han pasado tantas décadas que los nietos de las víctimas ya son abuelos. “Es insostenible”, lamenta Sánchez Gaona. La ideología del Gobierno aumenta la frustración de los afectados: sucede bajo el Ejecutivo más crítico con la dictadura. Una paradoja. Como una ley para la memoria que sufre el olvido.
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